El 6 de junio, la nueva Ley de Derechos de los Padres en Washington entró en vigor. Esta ley popular es el resultado de la democracia directa. Fue presentada a la legislatura estatal en enero por más de 454,000 ciudadanos que firmaron la Iniciativa 2081.

Los legisladores difícilmente podrían ignorar un movimiento de base tan fuerte, y la medida obtuvo enormes mayorías bipartidistas: fue aprobada por aclamación en el Senado y aprobada en la Cámara con una votación de 82 a 15. Incluso miembros de extrema izquierda como el Senador Jaimie Pedersen y la Representante Tomiko-Santos la apoyaron.

Como un firme defensor del statu quo, es posible que al Gobernador Jay Inslee no le guste la medida, pero su opinión no importa. Las iniciativas ciudadanas se convierten en ley sin la firma del gobernador.

Sin embargo, algunos miembros del establecimiento están enojados con la idea de proteger los derechos de los padres en la educación pública. Kathleen Taylor, la Directora Ejecutiva del capítulo estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aparentemente no cree que las "libertades civiles" deban extenderse a los padres.

Ahora ha presentado una demanda para bloquear la nueva ley. Miembros de la Junta Escolar de South Whidbey también se oponen a los padres, utilizando fondos del Distrito para unirse como co-demandantes.

Para obtener detalles sobre cómo la ley ayuda a las familias a mantenerse involucradas y apoyar a los niños en edad escolar, vea mi análisis de la Iniciativa 2081 en el Memo Legislativo. La ley es una respuesta a incidentes recientes en los que funcionarios escolares mintieron a los padres y ocultaron información sensible sobre sus hijos.

A principios de junio, los abogados de la ACLU pidieron a un tribunal del condado de King que anulara la Ley de Derechos de los Padres porque, según la ACLU, las escuelas que respeten los derechos de los padres causarían "daños irreparables". Esa moción fue rechazada en una sentencia del tribunal el 4 de junio. Se ha programado una segunda audiencia para finales de este mes.

En un esfuerzo separado, el Superintendente de Instrucción Pública Chris Reykdal está dirigiendo a los funcionarios escolares a ignorar la ley. En contraste, el 8 de mayo, los miembros de la Junta Escolar de Kennewick adoptaron la Resolución 3211 para implementar la ley y mantener informados a los padres.

Como todo padre amoroso sabe, ya es bastante difícil criar a los hijos responsablemente sin que la escuela pública local se involucre en engaños y mentiras. A pesar de la directiva perjudicial del Superintendente Reykdal, los padres realmente solo tienen una pregunta para los funcionarios escolares locales sobre la Ley de Derechos de los Padres: "¿Están ayudando a mi familia o son parte del problema?"